El comercio entre Ecuador y Colombia ha tenido, durante años, una dinámica particular dentro de la región. La cercanía geográfica y la complementariedad de ciertos productos consolidaron un intercambio activo que, en la práctica, se ha apoyado principalmente en el transporte terrestre, con la frontera norte como corredor clave para el movimiento de mercancías.

Ese funcionamiento relativamente predecible empezó a cambiar en enero de 2026.

La decisión de Ecuador de aplicar un arancel del 30% a productos colombianos, seguida por medidas equivalentes desde Colombia, incluido un arancel recíproco también del 30% y la suspensión temporal de exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, introdujo un nuevo nivel de tensión en una relación que hasta ahora se asumía operativa.

Además, Ecuador incrementó de manera significativa la tarifa para el transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano, elevándola cerca de un 900%, lo que ha sido interpretado por sectores logísticos y gubernamentales como un contramovimiento estratégico ante a suspensión del suministro energético por parte de Colombia.

Más allá del impacto comercial inmediato, el episodio vuelve a colocar a la frontera como una variable que ya no puede darse por sentada.

En el corto plazo, los efectos no se reflejan primero en estadísticas agregadas, sino en la operación diaria. Los cruces terrestres se vuelven más cautelosos, los tiempos de tránsito pierden previsibilidad y los costos asociados (seguros, ajustes contractuales, contingencias) comienzan a revisarse. La logística, como suele ocurrir, es el primer sistema en absorber el cambio de escenario.

La inclusión del componente energético añade complejidad. El intercambio de electricidad entre Ecuador y Colombia no ha sido un flujo estructural permanente, sino un recurso utilizado de manera puntual en momentos específicos de necesidad. Precisamente por eso, su interrupción tiene un peso simbólico y operativo mayor: introduce incertidumbre sobre un insumo que sostiene procesos clave como producción, refrigeración, almacenamiento y operación portuaria.

Informes recientes sugieren además que la suspensión del suministro eléctrico ha generado costos adicionales equivalentes a alrededor de 2 millones de dólares diarios para el sistema ecuatoriano, al tener que recurrir a soluciones internas más caras.

Colombia ha señalado que las medidas adoptadas son transitorias y sujetas a evaluación, lo que abre en teoría la posibilidad de una desescalada en el corto plazo. Sin embargo, la reciente expansión del arancel del 30 % a 23 productos adicionales por parte del gobierno colombiano, sumada a la respuesta ecuatoriana con el incremento de tarifas al transporte de crudo, muestra que el conflicto ha escalado más allá del terreno estrictamente comercial. Las decisiones han adquirido un matiz diplomático y estratégico, con impactos directos sobre la logística binacional.

En este contexto, la logística empieza a cumplir un rol distinto. Más que optimizar costos, pasa a gestionar exposición. Las empresas se ven obligadas a revisar su dependencia de corredores específicos, evaluar márgenes de maniobra y reconsiderar decisiones que antes se tomaban bajo la premisa de estabilidad regional. Inventarios, rutas alternativas y cláusulas contractuales adquieren un peso estratégico que no siempre tenían.

El principal paso terrestre entre Ecuador y Colombia, el cruce de Rumichaca, permanece operativo, pero desde el 1 de febrero presenta señales de tensión. El nuevo esquema arancelario no ha cerrado la frontera, pero sí ha reconfigurado la ecuación logística: más incertidumbre, más ajustes contractuales, más riesgos para quienes operan en este corredor clave.

En una región donde las relaciones bilaterales pueden tensionarse sin aviso, y en un mundo donde las rutas marítimas enfrentan interrupciones por clima, geopolítica o cuellos de botella, la verdadera vulnerabilidad no está en el evento, sino en la dependencia no reconocida. Entonces, incluso si tu operación no pasa por Rumichaca, la pregunta permanece:

  • ¿Qué ruta crítica estás asumiendo como estable, cuando ya no lo es?
  • ¿Cuánto de tu promesa de servicio depende de un mapa que ya cambió, pero no lo has actualizado?

En este contexto, el desafío no es anticipar la próxima disrupción, sino revisar cuántas decisiones críticas siguen apoyándose en supuestos de estabilidad que ya no existen.

La logística dejó de ser un problema de optimización. Es, cada vez más, un problema de diseño estratégico.

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