Ecuador está apostando fuerte por su futuro logístico. Mientras avanza en negociaciones comerciales con Estados Unidos para reducir aranceles clave, el país acelera la modernización de sus puertos, su legislación marítima y sus sistemas de seguridad. No se trata de un cambio aislado, sino de una jugada integral que busca posicionar al país como un centro logístico estratégico, competitivo, confiable y preparado para el comercio global.
Uno de los focos de esta transformación es Guayaquil, donde se concentra gran parte del comercio exterior ecuatoriano. Con una inversión proyectada de 268 millones de dólares hasta 2030, se prevé la ampliación de muelles, incorporación de grúas de última generación y mejoras logísticas. Además, el dragado del canal a 13 metros de profundidad ya permite recibir buques de hasta 400 metros, alineando al puerto con estándares internacionales.
En el frente legal, el Convenio de Hamburgo por parte del Gobierno marca un avance decisivo. Este tratado internacional actualiza el marco jurídico del transporte marítimo, otorgando mayor seguridad legal a exportadores, navieras y agentes logísticos. Todo esto se enmarca en los esfuerzos por resolver los llamados “irritantes comerciales” señalados por Estados Unidos, condición necesaria para destrabar barreras y abrir puertas a más productos ecuatorianos.
Pero ningún puerto puede prosperar sin seguridad. Y aquí entra en juego Serpaz, que es un programa respaldado por la Unión Europea, orientado a blindar las cadenas logísticas contra delitos como el lavado de activos o el crimen organizado. Los puertos de Guayaquil, Posorja y Machala forman parte de este plan estratégico que refuerza la integridad de exportaciones tan sensibles como el banano y el cacao.
Este conjunto de medidas llega en un contexto de fuerte dinamismo exportador. En el primer trimestre de 2025, la economía creció un 3,4 %, impulsada por productos estrella como el camarón y el cacao. Para sostener esta tendencia, el país necesita mantener la coherencia entre su política comercial, su infraestructura, su marco normativo y su capacidad de respuesta en seguridad.